Desde la Federación de Enseñanza de USO, lamentamos que la Enseñanza Concertada, que forma parte del servicio público educativo junto a la enseñanza pública, vuelva a ser noticia por el reciente Informe publicado por ESADE poniendo el foco de interés en las cuotas que pagan las familias y sus causas.

En el conjunto del Informe se destaca uno de los principales problemas del sector concertado y es que está diseñado por las Administraciones para el copago de las familias, porque nunca ha existido voluntad política en los distintos gobiernos desde la LODE del año 1985 para dotarla con los fondos necesarios para garantizar la gratuidad obligatoria de las enseñanzas, ni tampoco se ha apostado por la misma calidad que en la escuela pública con unos módulos de concierto que están muy lejos de poder financiar la homologación salarial y una jornada lectiva y complementaria del profesorado en las mismas condiciones que la pública.

Nos parece temerario que el Informe afirme la ilegalidad del cobro de esas cuotas que pagan las familias, pues la regulación del sector garantiza el control y la legalidad de esas aportaciones económicas, así como también el acceso a los centros concertados en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que en los centros públicos cuando se inician los periodos de matriculación, tal y como determinan las Administraciones en sus procedimientos de admisión en centros sostenidos con fondos públicos.

Acercándonos a los 40 años de historia de la escuela concertada, coincidimos con el informe en la necesidad inaplazable de que se cumpla la ley en nuestro país, pues la Ley Orgánica de Educación del año 2006, y todas sus posteriores modificaciones como han sido la LOMCE y la última LOMLOE, establecen en una disposición adicional el mandato y el procedimiento para que se realice el análisis del cálculo real del coste del puesto escolar.

Coincidimos también con el Informe en que el coste teórico de la plaza escolar en el sector concertado debería extenderse también al sector público, porque dicho análisis permitiría no solamente cuantificar las diferencias objetivas de infra financiación de la educación en cada territorio, sino también planificar a medio y largo plazo las estrategias para aumentar el presupuesto educativo hasta alcanzar la gratuidad real, tal y como ya recoge la propia LOMLOE (artículo 155.2), así́ como varias normativas autonómicas vigentes, con los mismos parámetros de calidad en las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores y también en el acceso a los servicios complementarios que prestan todos los centros.

La Federación de Enseñanza de USO cree en la complementariedad de las redes educativos y que el eje vertebrador del sistema educativo deben ser los centros sostenidos con fondos públicos, poniendo al alcance de todas las familias una enseñanza gratuita y de calidad respetando sus criterios de preferencia a la hora de elegir centro para sus hijos.